Un nuevo capítulo en el debate por la reforma del sistema de salud ha encendido las alarmas en diversos sectores. El Ministerio de Salud alista la expedición de un decreto con el que pretende avanzar en la implementación de aspectos sustanciales de la reforma sin necesidad de aprobación legislativa. La decisión, que ha sido calificada por algunos como un “atajo normativo”, ha generado incertidumbre jurídica, preocupación financiera y una creciente controversia política.
El decreto mencionado propone establecer la Red Integrada e Integral de Servicios de Salud (RIISS), una entidad que ya estaba sugerida en el texto original de la reforma discutida pero no aprobada en el Congreso. Con esta organización, se modificaría la contratación y prestación de los servicios de salud, transfiriendo funciones esenciales a los organismos territoriales y cambiando el rol de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Aunque el Gobierno defiende que el decreto está respaldado por regulaciones existentes y no necesita pasar por el proceso legislativo, especialistas en derecho constitucional y estudiosos del sector salud han señalado que este documento excede una mera regulación administrativa. Ellos sostienen que el texto propone modificaciones significativas al sistema vigente de aseguramiento, lo cual, en su perspectiva, debería ser discutido y ratificado en el Congreso de la República, respetando el principio de separación de poderes.
Uno de los aspectos más criticados es la ausencia de claridad sobre las fuentes de financiamiento necesarias para garantizar la implementación de la RIISS. El nuevo modelo implicaría que los recursos del sistema de salud sean manejados directamente por las Administradoras de Recursos de Salud (Adres) y por autoridades locales, lo que modificaría el flujo tradicional del dinero que hoy transita por las EPS. Según cálculos preliminares, se requerirían miles de millones de pesos adicionales para poner en marcha las nuevas redes, pero no existe, hasta ahora, una fuente concreta y sostenible que respalde ese gasto.
En paralelo, diversos actores del sistema de salud —incluidos gobernadores, secretarios de salud departamentales y organizaciones de profesionales del sector— han manifestado su preocupación por la inminente entrada en vigor de un modelo que no ha sido probado ni en fase piloto. Temen que, en ausencia de una planificación adecuada, se generen vacíos en la prestación del servicio, se profundicen las deudas con clínicas y hospitales, y se agraven los problemas ya existentes, como los retrasos en pagos a proveedores y la saturación en la atención primaria.
El Ministerio, por su parte, defiende la necesidad del decreto como una medida para avanzar en la transformación del sistema y evitar que las resistencias políticas sigan postergando decisiones urgentes. Asegura que se tratará de una implementación progresiva y que se garantizará el respeto de los derechos de los usuarios, así como la continuidad en la atención médica. Sin embargo, las garantías sobre la operatividad del nuevo modelo siguen siendo escasas, y aún no se ha publicado el texto final del decreto, lo que incrementa el nivel de incertidumbre.
Algunos sectores políticos han anunciado que podrían recurrir a mecanismos legales para frenar su entrada en vigencia, argumentando que se trata de un uso indebido del poder reglamentario. Incluso se plantea la posibilidad de que la Corte Constitucional sea llamada a revisar el alcance del decreto, en caso de que se demuestre que sustituye la función legislativa sin el debido debate democrático.
Mientras tanto, los pacientes y los trabajadores del sistema observan con preocupación una reforma que, más allá de sus intenciones, aún no logra despejar dudas sobre su viabilidad técnica, jurídica ni financiera. La discusión de fondo sigue abierta: ¿es legítimo que el Ejecutivo avance en la reforma estructural del sistema de salud por vía administrativa, sin el respaldo del Congreso? ¿O se trata de una respuesta necesaria frente a un sistema que ha sido objeto de críticas profundas por años?
Lo cierto es que, con este decreto, el país se aproxima a un punto de quiebre en la política sanitaria, en medio de un clima de alta polarización institucional y con consecuencias que podrían marcar el rumbo del sistema de salud por los próximos años.
