Presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú advierte «grave riesgo para la democracia» por acciones del Congreso

(CNN Español) — El presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, Jorge Luis Salas Arenas, presentó este miércoles en conferencia de prensa que la democracia del país corre un “grave riesgo” debido a que, según dijo, “une parte del Congreso está atacando la institucionalidad democrática desde hace tiempo”.

Salas Arenas hizo de esta manera referencia a las propuestas legislativas que buscan modificar el Artículo 99 de la Constitución Política del Perú, para incluir a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones —máximo tribunal de justicia electoral— entre los funcionarios públicos de alto nivel que pueden ser sometido a un juicio político en el Parlamento.

El artículo 99 establece que corresponde a la Comisión Permanente del Congreso —que es el órgano ejecutivo de ese poder— acusar al presidente del país, los legisladores, miembros del Poder Judicial y de otras instituciones del Estado, pero no incluye a las autoridades electorales.

A principios de este año, el Poder Judicial peruano emitió una serie de resoluciones que impedían al Parlamento, entre otras cosas, modificó el artículo 99 de la Constitución para incluir a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones dentro del control político del Congreso, el cual planteó una contienda de competencias ante el Tribunal Constitucional. En el fallo emitido en febrero de este año, el Tribunal Constitucional le dio la razón al Congreso, y se terminó además por “mayoría de cinco votos exhortar al Congreso de la República a reformar el artículo 99 de la Constitución Política, así como a reformar su reglamento, para incorporar a los miembros del JNE, el jefe de la ONPE y el jefe del Reniec”, todos los órganos que conforman el Sistema Electoral peruano.

Consultado por CNN, el congresista no agrupado Carlos Anderson dijo que «la motivación de los grupos que promovieron incluso este cambio es altamente política y surge de un sentimiento de frustración mezclado con un impulso de venganza». Añadió que «la inclusión de los miembros rectores de los organismos electorales violaba el principio de división de poderes y convierte al Poder Legislativo en el indiscutible primer poder del Estado y eso en esencia es profundamente antidemocrático».

La diputada Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País, que si respalda la modificación del artículo 99, dijo a CNN que “ningún puede funcionar por encima de la Constitución ni tener carte blanca para violarla, y que ese es el espíritu de la norma, que todo funcionario público pueda ser juzgado si es que ha cometido una infracción a la Carta Magna.

Al respecto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dijo que este sector del Congreso «quiere el control del JNE a través del temor al juicio político» y que esto se convierte en una «tercera ola de ataques, que en esta oportunidad se hace basado en el fallo del Tribunal Constitucional (…) que le proponen al parlamento que extiendan el juicio político”.

Consultado sobre estas críticas, el Tribunal Constitucional dijo a CNN que no emitió ningún pronunciamiento respecto a lo señalado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

Con respeto, la congresista Chirinos comentó a CNN que “con el reciente fallo del TC queda claro que Salas Arenas está descalificado para presidir el Jurado Nacional de Elecciones” y lo acusó de estar construyendo una falsa narrativa de que la democracia está en peligro. «Su único objetivo es aferrarse al cargo», puntualizó.

En otro momento de la conferencia, Salas Arenas registró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al informar que emitió en mayo de este año titulada «Situación de los Derechos Humanos en el contexto de las protestas sociales» manifestó que:

«A juicio de la Comisión, este tipo decisiones y proyectos de ley en la coyuntura actual debilitan el sistema de pesos y contrapesos peruanos, profundizaron la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y ponen en riesgo la credibilidad del proceso electoral. Es de advertir que en forma paralela el Congreso ha venido a discutir propuestas de reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales”.

En el mismo documento se recomienda al Estado Peruano: «Abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía e independencia del Sistema Nacional Electoral o del Poder Judicial».

“Delimitar las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y disolución unilateral del Congreso, de forma que precisan, con parámetros claros y objetivos, las conductas sancionables y sus correspondientes consecuencias”.

Al respecto, Salas Arenas dijo que es necesario que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la emisión de una medida provisional “para garantizar el desempeño de las funciones del presidente del JNE que es objeto de cuestionamiento y ataque». Ante la pregunta de si esta medida puede detener los procesos de modificación del artículo 99 de la Constitución en el Congreso, Salas Arenas responde que sí, que el Parlamento debería allanarse al cumplimiento de esta medida de la Corte y que en caso no se obedezca este fallo del tribunal transnacional, pasaría un convertidor en una dictadura congresal.

Adelantamiento Electoral

Al ser consultado sobre si se debe dar por el tema del adelantamiento de las elecciones cerrado, como dijo la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Jurado Nacional Electoral especificó que, de as el caso, los organismos electorales han calculado en anteriores oportunidades que pueden llevar a cabo a cabo un proceso electoral en un plazo de 230 días desde que se hace la convocatoria. Queda afuera del esquema las elecciones primarias dentro de los partidos por contar con poco tiempo.

Respecto de las iniciativas parlamentarias que buscan que las Fuerzas Armadas conserven una copia de las actas de sufragio durante las elecciones, Salas Arenas recordó que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pues así lo establece la Constitución, y que “la democracia no necesita la tutela de las FF.AA. puntualizando que sino de esa forma ya, no sería necesaria la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, y el conteo sería de las FF.AA. y no de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).