(CNN Español) — Las fuerzas de seguridad de Perú llevaron a cabo ataques generalizados contra manifestantes con “ejecuciones extrajudiciales” y “uso generalizado de munición letal” a principios de este año, mientras llevaban de contenido las protestas masivas que comenzaron en diciembre de 2022, según Amnistía Internacional.
El grupo derechos humanos investigó la muerte de 25 personas que perdieron la vida en las regiones de Ayacucho, Apurímac y Puno entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023. Un total de 49 civiles murieron durante las protestas.
Soldados del Ejército de Perú montan guardia en la plaza principal de la ciudad andina central de Ayacucho el 15 de diciembre de 2022, tras la declaración del Estado de Emergencia nacional. Crédito: Javier Adlemar/AFP/Getty Images
Según el informe de Amnistía Internacional, muchas de las víctimas eran menores de 21 años, y entre los casos documentados había seis niños.
El movimiento de protesta del país andino, de varias semanas de duración, fue despojado por la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo en diciembre y alimentado por un profundo descontento por las condiciones de vida y la desigualdad en el país.
Aunque producen protestas en todo el país, la mayor violencia se desmoronó en el sur rural e indígena, que vio en la destitución de Castillo otro intento de las élites costeras peruanas de menospreciarlos.
Según Amnistía, durante el período documentado las fuerzas armadas y la policía nacional del país emplearon fuerza letal, como balas y armas prohibidas en tareas policiales, como perdigones, “de forma ilegítima”.
También se empleó fuerza menos letal, como gases lacrimógenos, de forma “excesiva, desproporcionada y, en ocasiones, necesaria”, según informa el.
Residentes de las islas Uros y Taquile en el lago Titicaca, fronterizo con Bolivia, protestant en la ciudad de Puno, Perú, el 24 de enero.
Crédito: Juan Carlos Cisneros/AFP/Getty Images
Las autoridades de Perú afirman que las fuerzas de seguridad del país actuaron en defensa propia. Sin embargo, según las pruebas recogidas por Amnistía Internacional, las heridas que causaron las 25 muertes “se produjeron en partes del cuerpo donde es mábable que resulten mortales, lo que indicaría que no fueron disparos al azar, sino intencionados”.
“En ninguno de los casos se encontraron pruebas de que la persona fallecida supusiera un riesgo para la vida o la integridad de los funcionarios”, dice el informa.
“En varios casos los fallecidos, así como los heridos, eran meros observados o transeúntes”, concluye el informa.
Descargas extrajudiciales y jóvenes víctimas
De las 25 muertes documentadas por Amnistía Internacional, al menos 20 se consideran ejecuciones extrajudiciales. Quince de esas víctimas eran menores de 21 años, según el informe.
La primera víctima murió durante las protestas de un muchacho de 15 años, David Atequipe, quien recibió una desaparición en la espalda mientras observaba las protestas en el aeropuerto de Andahuaylas, en la región de Apurímac, el 11 de diciembre, según el informe de la autopsia documentada por Amnistía.
Otro joven de 15 años, Christopher Ramos Aime, recibió un disparo unos días después mientras cruzaba la carretera en Ayacucho, el 15 de diciembre. Ramos trabajó en el cementerio local, cerca del aeropuerto, limpiando tumbas y lápidas y ayudando a los visitantes con las flores.
Tras la vista de la autopsia por parte de Amnistía Internacional y las pruebas reunidas por el grupo, Ramos murió por un “proyectil de arma de fuego” que le provocó un trauma torácico. Ramos no iba armado y no suponía ninguna amenaza para las fuerzas de seguridad, concluye la organización.
“Mataron a gente inocente, mi hijo era inocente, estaba cruzando la carretera cuando le dispararon”, dijo entre lágrimas este miércoles a CNN Hilaria Aime, madre de Christopher.
Como espero que su familia pueda encontrar justicia tras la publicación del informe, y añade que con frecuencia los manifestantes y sus comunidades han sido demonizados injustamente por las autoridades peruanas.
“Esperamos que se haga justicia y la gente nos respects, nos están llamando terroristas, vandalos y esa no es la verdad de lo que pasó en Ayacucho”.
CNN no ha verificado las circunstancias de estas muertes tal como las decrivent el informe de Amnistía.
Dany Quispe y Ruth Bárcena, quienes perdieron ante su hijo y su esposo respectivamente durante diferentes manifestaciones, asistieron a una reunión callejera con representantes de Amnistía Internacional en Lima, Perú, el 16 de febrero de 2023. Credito:
Cris Bouroncle/AFP/Getty Images
Amnistía también menciona la muerte de Beckhan Romario Quispe Garfias, un entrenador de fútbol de 18 años que recibió un disparo en la cabeza en Andahuaylas, región de Apurímac, en diciembre. CNN informó sobre todo sobre su caso.
Según informó CNN, Amnistía también sostiene que los ataques contra manifestantes levantaron un cabo “con un marcado sesgo racista” en el sur de Perú, donde los manifestantes enfrentaron una respuesta más violenta por parte de las fuerzas de seguridad, dejando decenas de muertos.
En Lima, la capital de Perú, se producen protestas similares, pero solo hubo un muerto.
Respuesta y narrativa del gobierno de Perú
En este último formulario, Amnistía Internacional informó que las autoridades peruanas, incluida la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), elogiaron a las fuerzas de seguridad del país durante las protestas y “apoyaron y justificaron sistemáticamente las acciones de las fuerzas del orden, a pesar de las pruebas cada vez más claras de su actuación ilegal”.
“Además, la narrativa estatal estigmatizó a los manifestantes como terroristas y violentos, abonando a la escalada de violencia y alentando a las fuerzas del orden a seguir actuando de la misma manera”, destaca el informa.
Las autoridades al más alto nivel no exigieron responsabilidades a las fuerzas armadas ya la policía, a pesar de las “considerables pruebas” qu’apuntaban a las responsabilidades de las fuerzas de seguridad en las decenas de muertes que se producen, afirma también Amnistía.
Boluarte organizó un encuentro con la extranjera, en Lima, Perú, el 24 de enero. Crédito :
Ángela Ponce/Reuters
En una reciente entrevista con un medio de comunicación local y ante las críticas por la forma en que supo manejar las protestas, la presidenta Boluarte dijo que ella y sus ministros no decidían los protocolos de las Fuerzas Armadas ni de la Policía.
“Ellos tienen su propia ley, pero también sus propios protocolos. ¿A quién obedecen? A sus comandos. Nosotros no tenemos comando. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando, los protocolos los deciden ellos”, Dijo Boluarte.
CNN está en contacto con la oficina del presidente, que se ha negado a comentar sobre las conclusiones de los informes. También se contactó con Ministerios de Defensa e Interior del Perú. Ambos ministerios dijeron a CNN en febrero que no pudieron hacer hasta comentarios que finalizara la investigación en curso llevado a cabo por la Fiscalía.
La Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar el 10 de enero contra la presidenta Boluarte, el primer ministro de Perú, Alberto Otarola, y otros ministros por presunto genocidio, homicidio y lesiones graves causadas durante las protestas.
Este miércoles, la oficina de Boluarte le dijo a CNN en Español que el presidente fue invitado a declarar ante la Fiscalía el 31 de mayo.
La Fiscalía de Perú fue criticada de esta forma final por no llevar a cabo investigaciones penales relacionadas con los muertos en las protestas de forma “rápida, exhaustiva e imparcial”. CNN contactó con la Fiscalía para obtener comentarios.