La deuda del conjunto de las Administraciones públicas bajó hasta el 107,7% del PIB a cierre del año pasado, según los datos publicados este viernes por el Banco de España. El resultado supone una disminución de casi cuatro puntos con respecto al ejercicio anterior y mejora los pronósticos del Gobierno, que estimaba un pasivo del 108,1%. Es el tercer año seguido en el que la ratio de deuda sobre el PIB se reduce gracias a un crecimiento robusto de la economía, dejando así atrás los picos —superiores al 120%— alcanzados durante la pandemia, aunque se mantiene en máximos históricos en términos de volumen.
De hecho, pese a la senda de moderación, el pasivo público español sigue abultado se mire por donde se mire. En diciembre de 2023, la deuda alcanzó los 1,57 billones de euros, una ligera disminución con respecto al mes anterior, pero casi un 5% superior al dato de 2022. También la ratio de deuda sobre el PIB —el indicador que mejor refleja la sostenibilidad de las cuentas—, aunque se haya reducido a un ritmo sostenido, está muy lejos de los objetivos que fijan las reglas europeas, del 60%, y es de las más altas de la UE.
Todos los subsectores de la Administración han engordado sus números rojos en volumen. Los crecimientos más pronunciados se registran en las obligaciones de la Seguridad Social, con un avance del 9,4% a cierre de 2023, hasta un récord de 116.173 millones de euros. Le sigue el Estado, con un repunte de la deuda del 6,2%. Más moderados han sido los avances de los pasivos de comunidades autónomas y corporaciones locales, del 2,6% y 1%, respectivamente, hasta los 325.474 y 23.299 millones.
Para el ejercicio en curso, el Gobierno prevé mantener la trayectoria a la baja y que el pasivo de las Administraciones públicas se sitúe en su conjunto el entorno del 106% del PIB, de acuerdo con las estimaciones contenidas en el Plan Presupuestario enviado en octubre a Bruselas. “Para este año 2024 esperamos que esta senda descendiente siga avanzando”, ha señalado este viernes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. “Esto demuestra claramente que la responsabilidad fiscal es por supuesto compatible con un crecimiento sostenible y justo”.
El nuevo titular del departamento antes dirigido por Nadia Calviño ha valorado positivamente los datos de avance publicados por el supervisor bancario. “Un año más, la deuda se ha reducido en España gracias al buen comportamiento de la economía y al compromiso de este Gobierno con las finanzas públicas responsables. 2023 ha terminado con un 107,7% de deuda del conjunto de las Administraciones públicas con respecto a nuestro PIB. Es decir, cuatro puntos por debajo del dato de 2022 y batiendo incluso nuestras expectativas de previsiones para el final de año”, ha valorado. “Estamos ya 17 puntos por debajo del pico que se alcanzó durante la pandemia”.
Reglas fiscales
También la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha celebrado el dato conocido este viernes. “El Banco de España confirma que España redujo su deuda pública cuatro puntos hasta el 107,7% del PIB, cumpliendo holgadamente el objetivo comprometido con la UE. Volvemos a demostrar que la justicia social es compatible con la reducción del déficit y la deuda”, ha escrito en la red social X.
El vigoroso crecimiento de la economía, la buena marcha del mercado laboral y los récords de recaudación han sido el bálsamo que ha permitido rebajar los ratios de déficit y deuda en estos últimos años sin necesidad de aplicar ajustes. Al contrario, el Gobierno ha inyectado recursos extraordinarios y ha rebajado impuestos para dar un balón de oxígeno a una economía en jaque por la covid y la crisis energética.
La vuelta de las reglas fiscales europeas —suspendidas desde 2020—, la desaceleración generalizada de la economía y la subida de tipos, sin embargo, dibujan un escenario muy distinto para el futuro, en el que el margen fiscal se agota y el encaje de bolillos para cuadrar las cuentas se complica. El objetivo de Bruselas es que los Estados miembro presenten sus planes de ajuste ya en septiembre y España es uno de los países que está en el punto de mira por sus ingentes números rojos, junto a otros socios como Italia, Grecia o Francia.
La deuda y el gasto público tendrán además más protagonismo en el nuevo marco fiscal comunitario, que prevé que también los países con déficit bajo control —por debajo del umbral máximo permitido del 3% del PIB— se aprieten el cinturón si el pasivo supera el 90% de su economía. El Gobierno de Pedro Sánchez prevé que el saldo entre ingresos y gastos alcance el objetivo del 3% este año desde el 3,9% con el que espera cerrar 2023, pero la deuda se mantendrá por encima del 100%.
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