Fiscalía de Costa Rica acusa al expresidente Luis Guillermo Solís de delito de influencia contra la Hacienda Pública

(CNN Español) — La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Costa Rica (FAPTA) acusó al expresidente Luis Guillermo Solís River de delito de influencia contra la Hacienda Pública por el caso conocido como Bancrédo, una entidad estatal que cerró en julio de 2017 después de 99 años de la operación. Solís Rivera gobernó Costa Rica de 2014 a 2018.

fr un mensaje en su cuenta de Twitter, Solís dijo que la acusación lo sorprende, pero que la recibe con serenidad. Agregó que su gobierno siempre actuó apegado a derecho, «buscando el beneficio del país, así como la protección de los acreedores del BanCredito y de los derechos de sus trabajadores».

“Demostración que, gracias a una nueva ley, registra un cierre ordenado del banco que evita una cesión completa del sistema financiero nacional (…) los tribunales a demostrar la legalidad de todas nuestras actuaciones, y no dudo que la justicia prevalecerá por encima de cualquier interés”, agregó.

La carga

En la acusación figuran también cuatro miembros del gabinete de Solís: Helio Fallas Venegas, vicepresidente expreso y exministro de Hacienda; Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia; Martha Cubillo Jiménez, exviceministra de Egresos y Tesorera Nacional y Mauricio Arroyo Rivera, en su condición de subtesorero nacional.

El exministro Alfaro Salas se defendió mediante un mensaje difundido por un representante de presa del equipo de ese gobierno.

“Asumo esta noticia con la tranquilidad de quien sabe que no ha cometido delito, y estaremos presentándonos a los tribunales a hacer la defensa pública correspondiente”, dijo.

CNN pretende conocer la reacción de los demás acusados.

Según la acusación de la Fiscalía, los imputados convinieron trasladar dinero de la Tesorería Nacional a BanCredito, “sin soporte técnico y con posibilidad de retorno sumamente bajo, con la intención de que la entidad bancaria aparente tenga un índice de liquidación suficiente”.

El Ministerio Público dijo en un comunicado que, aparentemente, el traslado buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) llegara a decretar la intervención del banco, debido a los serios problemas de liquidez que enfrentaba y, por ende, evitar que se dañará la imagen del gobierno de Solís Rivera. Según la Fiscalía, la actuación de las personas acusadas tuvo como resultado una afectación a la Hacienda Pública y al interés público.

La Fiscalía informó este jueves que la acusación se presentó el viernes pasado ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. La oficina de presa de la entidad dijo a CNN que el paso siguiente es que el Juzgado Penal de Hacienda convoque a las partes y que se realice una audiencia preliminar para definir si el caso se eleva a juicio.