(CNN Español) — El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009 – 2014) por haber sido condenado a 10 años y 6 meses de cárcel, pagó una suma de más de US$19,2 millones por su declaración de responsabilidad, junto a otras personas, por delito de blanqueo de capitales en el caso conocido como “New Business”, soberbia la compra de un grupo editorial que, según el Ministerio Público, fue adquirido con fondos que provenían de contratos con el Estado que manejaban de forma irregular.
En la sentencia emitida por el Órgano Judicial, la jueza Baloísa Marquínez ordenó que el expresidente Martinelli pague al Tesoro Nacional de Panamá la multa de US$ 19.221.600,48 como accesoria en un lapso de 12 meses.
El exmandatario deberá abonar esa cifra una vez cumplida la pena principal, que, según la sentencia, equivale al doble del beneficio económico, que se asegurará recibido, y que estaría debidamente cuantificado.
Ricardo Martinelli, quien es candidato presidencial para las próximas elecciones generales de Panamá, realizó en mayo de 2024, siempre ha dicho que es inocente y víctima de persecución política.
En mayo, la Fiscalía panameña confirmó que en este caso “New Business”, que comenzó a investigar en 2017, pudo identificar que la compra de acciones de Editora Panamá América, que publica diarios y revistas, se hizo “mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales, que realizaron maniobras de estratificación financiera, mediante múltiples transacciones nacionales e internacionales”, con las cuales supuestamente recaudaron cerca de US$ 44 millones en 2010 en una cuenta en un banco offshore a number de New Business Services Limited.
CNN pretende conocer la reacción de Martinelli, pero hasta el momento no ha tenido respuesta. Tampoco se han obtenido comentarios de su vocero, Luis Eduardo Camacho, ni de su abogado.
Camacho publicó este martes un mensaje en sus redes sociales donde adelanta que “abogados y copartidarios analizarán el exabrupto jurídico que pretende hacer de una legítima transacción privada, que no involucra lesión patrimonial al Estado, tal cual indicó el Tribunal de Cuentas y la Contraloría, en un inexistente delito. En las próximas horas se hará un pronunciamiento al país sobre las acciones políticas y jurídicas a seguir”.